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19 de Junio, 2019

Gustavo Montalvo, Seguridad en República Dominicana, avances y retos Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana

Señores directivos y miembros de la Cámara Americana de Comercio,

Distinguidos invitados especiales,

Señoras y señores,

En primer lugar, muchas gracias a la Cámara Americana de Comercio por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes.

A modo de introducción, quisiera compartir la siguiente idea: actualmente, en la República Dominicana vivimos condiciones políticas, económicas y sociales muy favorables para el progreso, tanto de las empresas como de las personas.

Tenemos una economía dinámica, que se manifiesta en el crecimiento del Producto Interno Bruto más alto de América Latina en las últimas décadas, con un promedio anual que supera el 5%.

Una inflación de un solo dígito en casi todos los años de las últimas cinco décadas y bajos niveles de déficit, tanto fiscal como externo, gracias a la responsable gestión de gobierno.

De hecho, a principios de este mes, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional elogió a nuestro país por lograr una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad, y una progresiva convergencia de los ingresos de los dominicanos con los de economías más avanzadas.

De la misma forma, la estabilidad política y la seguridad jurídica están garantizadas.

Así lo muestra la serie de Indicadores Globales de Gobernanza del Banco Mundial, que nos coloca en la posición 7 de América Latina en estabilidad política y en el lugar 8 de imperio de la ley.

Buena parte de la estabilidad alcanzada proviene de la ausencia de conflictos sociales o ideológicos paralizantes.

Porque, si bien esta es una democracia efervescente y dinámica, aunque imperfecta y en desarrollo, existe un alto consenso social en torno al modelo de país abierto y cada vez más solidario e inclusivo que estamos construyendo.

Señoras y señores,

Me da mucha satisfacción haber sido invitado a este foro para compartir con ustedes sobre la seguridad, un tema que es crucial para nuestro país y sobre el cual es fundamental que reflexionemos y trabajemos conjuntamente.

Porque para que la inversión continúe creciendo y, sobre todo, para que los ciudadanos puedan tener una vida plena y feliz, es necesario contar con entornos seguros.

Por eso, es imprescindible que todos los que creemos en el cumplimiento de la ley, en la justicia y en la convivencia pacífica hagamos frente común para seguir avanzando en soluciones cada vez más efectivas.

Esta es y seguirá siendo una de las prioridades de la administración de Danilo Medina: aunar esfuerzos con todos los sectores, escuchar sus propuestas y avanzar a la mayor velocidad.

Amigos y amigas,

Me permito poner a su consideración algunas cifras sobre la seguridad en nuestro país.

Debo aclarar que algunas de estas cifras seguramente no las escuchan ustedes por primera vez, pero siguen vigentes. Otras han sido actualizadas a la fecha.

En todo caso, dado el tema que abordamos hoy, son especialmente útiles para dar contexto y contenido a los planteamientos que estaremos presentándoles.

Quiero hablarles sin complacencias infundadas, pero también sin dejarnos llevar por la casuística que, a veces, nos impide tomar perspectiva y ver el balance completo.

La realidad de los datos nos muestra, en primer lugar, que un país donde hace 5 años no había un sistema de atención a emergencias y seguridad, hoy tiene uno de los más eficientes de la región.

Un sistema que da servicio ya a tres cuartas partes de la población nacional y que ha atendido más de 2 millones de emergencias, con un alto nivel de excelencia.

Eso es lo que nos muestran indicadores clave como los que enumero a continuación:

– Actualmente, la tasa de fallecidos en los accidentes de tránsito asistidos por el 9-1-1 es de solo un 0.8%.

– Además, en las provincias donde el sistema tiene presencia, el índice de homicidios se redujo un 9.07% y el de robos de vehículos disminuyó un 25%.

– Asimismo, el 63% de los casos de robo asistidos por el 9-1-1 fue controlado por la Policía Nacional.

Es importante recordar también que, con la puesta en marcha del 9-1-1, cambiaron muchas cosas más en materia de seguridad ciudadana.

Por darles solo un dato, cuando el presidente Medina llegó al gobierno, en todo el país nada más funcionaban 30 cámaras de seguridad en áreas públicas.

En la actualidad, contamos con más de 3,000 cámaras en funcionamiento, monitoreadas 24/7 desde los centros del 9-1-1.

Y muy pronto estaremos instalando 1,000 cámaras más.

Este sistema de Videovigilancia Urbana ha registrado más de 150,000 incidencias, a partir de las cuales se han podido investigar casos de robos, secuestros, homicidios, desapariciones y accidentes de tránsito, entre otros.

Además, desde que se puso en marcha el 9-1-1, la Policía Nacional implementó un nuevo modelo de patrullaje, distribuido por cuadrantes y zonas, para una mayor eficiencia.

Esto estuvo acompañado de un incremento significativo en el número de agentes, pues actualmente hay cerca de 4,000 agentes más en las calles, y con más vehículos, que hace 5 años.

En resumen, hoy tenemos más efectivos que nunca, mejor distribuidos, mejor equipados y más preparados.

Gracias a las innovaciones logradas con el 9-1-1, en estos cinco años la Policía Nacional ha atendido 250 mil casos de violencia denunciados a través del Sistema. Y con un tiempo de llegada promedio de entre 9 y 10 minutos.

Y me complace informarles que estamos trabajando para que, al terminar este año, el 9-1-1 esté proporcionando sus servicios al 95% de la población nacional, llevando orden, protección y seguridad a cada vez más hogares.

Por otra parte, y de forma complementaria, el Programa de Protección y Asistencia Vial continúa avanzando en ese otro aspecto tan importante que es la seguridad en nuestras carreteras.

Desde 2012 hasta el día de hoy, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha realizado 1 millón 732 mil 172 atenciones.

Esto incluye desde asistir en casos de fallas mecánicas o facilitar el transporte de grúa, hasta socorrer en accidentes, con un tiempo de respuesta de menos de diez minutos.

Asimismo, la presencia de estas unidades en las principales carreteras del país y corredores de las zonas urbanas es un importante disuasivo contra la delincuencia.

Amigos y amigas,

Permítanme, ahora, compartirles algunos datos de criminalidad en la República Dominicana y la región, compilados por organizaciones externas al gobierno.

Veamos las estadísticas que presenta InSight Crime, una fundación privada que se dedica al estudio del crimen organizado.

Según datos de este centro, correspondientes al 2018, en nuestro país hay 10.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, y de 22 países analizados en Latinoamérica, ocupamos la octava posición entre los que tienen menor tasa.

Otra forma de analizar esta problemática es enfocarnos en las ciudades, que es donde se concentra la mayor parte de las actividades delictivas.

Según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina se encuentran algunas de las urbes más violentas del mundo: 43 de las 50 ciudades con los mayores índices en el ranking de homicidios se hallan en la región.

Así, Tijuana, en México, es la número uno, con una tasa de homicidios de 138.26 por cada 100 mil habitantes, seguida por Acapulco, donde es de 110.50.

Pues bien, en ese listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, no hay una sola urbe dominicana. Ni Santo Domingo, ni Santiago, ni Puerto Plata, ninguna de nuestras ciudades aparece en este ranking.

Y puedo decirles que, más allá de que no estemos entre las 50 primeras, nos encontramos muy lejos de cualquier cifra parecida.

Para que se hagan una idea, la ciudad con el índice más bajo en este listado, Nueva Orleans, en Estados Unidos, tiene 36.87 homicidios por cada 100 mil.

A una gran distancia de nuestra capital, Santo Domingo, con 8.66 por cada 100 mil habitantes.

Es decir, aquí la tasa de homicidios es 4 veces menor.

Amigos y amigas,

Si lo prefieren, en vez de mirar a los países de nuestro entorno, podemos mirar a nuestro pasado inmediato y ver cómo hemos evolucionado.

Pensemos que solo hace 8 años, en 2011, en nuestro país ocurrieron 2,017 homicidios.

Mientras que el año pasado, 2018, tuvimos 1,068 casos. Es decir, se redujeron a casi la mitad, en un corto espacio de tiempo.

No me interpreten mal. Por supuesto que 1,068 muertes violentas son demasiadas. Una es demasiado.

Cada hecho de violencia y cada delito nos preocupa y nos conmueve.

Sin embargo, como ustedes saben bien, eso no debe impedirnos ver las tendencias globales y analizar el contexto, si queremos realizar un diagnóstico justo.

Lo cierto es que nuestro índice de criminalidad se encuentra muy por debajo de los de otros países de la región… y sigue bajando.

Tan solo en el primer trimestre de este año logramos una nueva reducción de 6% en la tasa de homicidios, en comparación con el año pasado, en el que también había descendido.

Y por supuesto, nuestra estrategia de seguridad nunca podría estar completa si no abordamos en ella el combate a la violencia de género y especialmente el feminicidio.

Por eso, estamos coordinando esfuerzos, como nunca antes, para garantizar la integridad física y moral de las mujeres en nuestro país.

Hemos puesto en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que integra a la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

Gracias a esta acción conjunta, para la detección y atención de la violencia de género, el año pasado logramos una reducción de los feminicidios de un 22%.

Señoras y señores,

La verdad es que nuestro país, como ocurre con casi todos, avanza a dos velocidades.

Por un lado está la velocidad del progreso, esa que le imprimen, precisamente, ustedes, el motor económico y empresarial.

Velocidad del progreso que también representa Danilo Medina, un presidente dispuesto a trabajar siete días a la semana para transformar este país y modernizarlo hasta el último rincón.

Por otro lado, en el último vagón, estaría lo que podemos llamar la velocidad de las creencias.

Ese conjunto de ideas fijas que, por llevar décadas en nuestra cultura, algunas hasta siglos, son muy difíciles de abandonar o cambiar.

Les digo esto porque quisiera que, como locomotora del progreso que somos, sector privado y gobierno, trabajemos juntos para que las creencias no frenen nuestro avance.

Quizás ustedes se pregunten a qué me estoy refiriendo. Les daré ejemplos, de nuevo, con cifras.

En los últimos años ha habido aumentos salariales en la policía y las fuerzas armadas de entre un 40% y un 131%, dependiendo de los rangos. Pero dando prioridad, por supuesto, a los que ganaban menos.

Y, hoy en día, la totalidad de policías y sus familiares cuentan con el beneficio de un seguro de salud.

Además, para dignificar su hábitat, se han remodelado la mayoría de las estaciones de policía en todo el país.

Porque sabemos que no podemos exigir la más alta eficiencia a los agentes de la policía si no tienen condiciones de vida dignas.

Pero no es solo cuestión de destinar recursos. También estamos modernizando las prácticas de prevención y combate al crimen.

Estamos apoyando a la policía para que realice un trabajo más ágil, efectivo y seguro para la ciudadanía, y creando cada vez más programas de especialización para los agentes, a fin de mejorar sus capacidades.

Y, por supuesto, estamos sumando mejor equipamiento y más tecnología, para elevar el nivel de respuesta a la ciudadanía.

Junto a estas medidas, desde 2014, más de 10,000 agentes de la Policía Nacional han sido desvinculados de la institución por malas prácticas. Y el Ministerio de Defensa ha penalizado a más de 1,780 agentes.

En definitiva; nuestras fuerzas de seguridad están cambiando, de manera progresiva y consistente.

Esa es la velocidad de la locomotora del progreso. La que está haciendo un esfuerzo sin precedentes, tanto material como humano, para dignificar la labor de nuestros agentes y mejorar sus prácticas diarias.

Sin embargo, esa no es la velocidad de las creencias.

Por eso, les pido ahora, humildemente, que impulsemos juntos un cambio en esas creencias, ese vagón quedado al final, que aún no se da por enterado de estos avances.

Ayúdennos a divulgar esta nueva realidad y acompáñennos en este esfuerzo con su confianza.

Señoras y señores,

Si hablamos de seguridad, no podemos obviar la manera en que el fenómeno internacional del narcotráfico impacta en los niveles de delincuencia en países como el nuestro, en todos los ámbitos.

Y esto se ha visto empeorado en parte por un fenómeno reciente.

Antes, el nuestro era un país de paso en las rutas transatlánticas del narcotráfico. Pero, hoy en día, los pagos en especie a los intermediarios han facilitado la ampliación de un mercado local de venta y consumo de narcóticos.

Por eso, no podemos bajar la guardia y estamos dedicando una gran cantidad de recursos, humanos, materiales, tecnológicos y de equipamiento, para hacer frente a los retos que plantea la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en nuestras calles.

Así, por ejemplo, en 2018 la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) puso en ejecución su Centro de Mando y Control Móvil, que permite la recepción y el análisis de información en tiempo real.

Este centro sirve para combatir el narcotráfico y, a la vez, coordinar las operaciones conjuntas que propicien la interdicción en nuestro espacio terrestre, marítimo y aéreo.

Y a principios del año pasado, los agentes de esta institución también recibieron un aumento salarial de entre un 100 y un 120%.

Para hablarles de resultados, solo en 2018 fueron incautadas e incineradas más de 13 toneladas de diferentes sustancias narcóticas. Además, de que se sometió a la justicia a 1,325 personas.

Estas cifras irrefutables demuestran que, en nuestro país, se combate el narcotráfico con decisión.

Sin embargo, no puedo cerrar este tema sin mencionar que, ante esta amenaza, necesitamos también el apoyo de los países desarrollados que son destinatarios finales de los narcóticos que atraviesan el continente.

Y es que no será suficiente atacar este mercado ilegal únicamente desde el lado de la oferta, si no hacemos también esfuerzos por reducir la demanda.

Señores y señoras,

No podemos hablar de seguridad y de combate al narcotráfico, sin hablar de proteger nuestras fronteras.

Esta ha sido y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno.

Y la prueba es que le estamos destinando más medidas y recursos de los que haya dedicado ningún otro gobierno en los últimos 30 años.

Y, nuevamente, acompañaré esta afirmación con datos.

Desde el año pasado hemos incrementado en el área la presencia de los cuerpos castrenses, y actualmente contamos con unos 8,500 soldados vigilando nuestras fronteras terrestres y marítimas.

Se han instalado más de 145 cámaras en lugares estratégicos y el patrullaje se reforzó con 50 vehículos militares todo terreno, con una flota de drones y con más helicópteros.

Establecimos nuevos puestos de chequeo interagenciales en Jicomé, provincia Valverde, y en Los Pilones, Copey, que está en el tramo entre Azua y Peravia.

Hace solo unas semanas, se abrió otro puesto de chequeo en El Carrizal, en la frontera de Elías Piña con Haití.

Y en los meses venideros se instalarán otros para seguir ampliando las barreras que fortalecen nuestros recursos de control fronterizo.

En cada uno de estos puntos están trabajando de forma coordinada la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ejército Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y la Dirección General de Migración. Pero también el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas.

Estos puestos están transformando el trabajo que se hace en la frontera, agilizando cada paso y garantizando la presencia y acción conjunta del Estado como nunca antes. Eliminando los resquicios de descoordinación por los que podía fluir la ilegalidad.

Todas las autoridades encargadas están ahí trabajando, mano a mano, 24/7, para hacer cumplir la ley.

Tanto si se trata de comprobar el estatus migratorio de una persona, o sus antecedentes penales, como si es necesario revisar los registros sanitarios de un cargamento.

Desde la puesta en marcha de estos puestos han sido detenidos en actos ilegales 3,459 extranjeros.

Asimismo, se han confiscado 95 kilos de cocaína, 421.5 libras de marihuana y unas 300 armas, además de mucho dinero en efectivo, en pesos y dólares.

Solo en el año 2018 las incautaciones de sustancias y productos ilícitos se incrementaron en un 111%.

Y si hablamos de personas en situación migratoria irregular, les informo que desde el año 2010 hasta el presente, la suma de personas deportadas y no admitidas en el país alcanza un total de 435,468.

Pero no puedo dejar de señalar el incremento exponencial en años recientes.

Así, en el año 2010 fueron deportadas y no admitidas 3,960 personas, y en el 2011 fueron 10,416.

Pero para el 2016, esa cifra llegó a los 110,057; en el 2018 a 132,433, y en lo que va de 2019 la cifra es de 63,038.

Esto muestra claramente que este gobierno ha respondido a la presión migratoria con medidas y acciones de gran eficacia.

En resumen, nunca como hoy hemos tenido un Estado tan presente en la frontera. Tanto en el plano de la seguridad, como en el del desarrollo humano, que a la larga es la mejor forma de proteger nuestro territorio.

Esto último se evidencia en el informe “Desarrollo Humano: tendencias del bienestar y la desigualdad en República Dominicana”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según este estudio, el país ha tenido una tendencia positiva en el periodo 2010-2016.

Destaca que las provincias fronterizas presentaron un crecimiento en el índice de desarrollo humano (IDH) de 34.2%, siendo estas las comunidades con mayor incremento y mejora en el periodo estudiado.

Amigas y amigos,

En este camino de cooperación interinstitucional, para lograr mayor seguridad también es fundamental que contemos, cada vez más, con el apoyo decidido de todas las instancias del Estado, en especial del Poder Judicial.

Para nadie es un secreto que todavía tenemos debilidades, resquicios que permiten que los delincuentes entren y salgan, una y otra vez, de nuestro sistema de justicia, sin que contemos con mecanismos lo suficientemente eficientes para frenarlos.

Y al respecto quisiera plantear las siguientes preguntas: ¿debemos revisar nuestro código penal para cambiar esa realidad?

¿Debemos buscar nuevos mecanismos de cooperación y coordinación para cerrar esas rendijas que son aprovechadas por los profesionales del delito?

Y a esto les respondo que el gobierno está abierto a explorar, junto a las demás organizaciones públicas y privadas, todas las posibilidades que nos lleven a una mayor eficiencia.

Porque para cerrar el círculo del cumplimiento de la ley y su régimen de consecuencias necesitamos de un Poder Judicial fuerte, independiente y eficaz, capaz de dar respuesta a las demandas de justicia de la sociedad dominicana.

Capaz de actuar con rigor y ejemplaridad, para ayudar a construir una sociedad más segura y más justa.

Confiamos en que su reciente proceso de renovación contribuirá a lograr estos objetivos.

Y si hablamos de justicia y régimen de consecuencias, debemos hablar, por supuesto, de nuestro sistema penitenciario, que también estamos transformando radicalmente, para que cumpla su función de reinserción social.

Con este objetivo, estamos en proceso de remodelación de todos los recintos de menores de edad, de 12 cárceles preventivas y 41 recintos penitenciarios.

La inversión en la humanización del sistema penitenciario dominicano es de más de 10 mil millones de pesos.

Esto permitirá alojar a toda la población carcelaria actual en condiciones de respeto a la dignidad y derechos de los prevenidos, y será un factor de éxito para garantizar su reinserción como entes productivos en la sociedad.

Esta es la reforma más ambiciosa de dicho sistema que se haya realizado en la historia de nuestro país.

Amigos y amigas,

Quiero hablarles también de la ciberseguridad, que ya no es nuestro futuro, es nuestro presente.

Porque, al igual que ustedes en sus negocios, en el gobierno estamos mirando hacia los retos del ciberespacio.

Somos plenamente conscientes de que estamos viviendo un momento en el que gran parte de la actividad criminal se está trasladando de la realidad física a la digital.

A fin de planificar y enfrentar esta situación, lo primero que hicimos fue establecer consensos entre sector público y privado, con la participación activa de las academias y los sectores sociales.

Esto nos permitió definir la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Una estrategia capaz de asegurar la protección de usuarios e instituciones, ayudando a reducir la brecha digital del presente y del futuro con acciones concretas a corto, mediano y largo plazo.

Las acciones a corto plazo se han definido con un sentido de prioridad. Así, por ejemplo, estamos analizando los niveles de exposición en el ciberespacio de nuestras infraestructuras críticas, a través de más de 73 indicadores.

Estamos formando profesionales en ciberseguridad, en varios niveles educativos, y creando equipos capacitados para responder de manera efectiva a incidentes cibernéticos.

A la vez, trabajamos en la creación de la plataforma de colaboración y respuesta a incidentes de ciberseguridad, a través del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT-RD), que depende de la Comisión Nacional de Ciberseguridad.

También está en proceso la actualización de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, como una forma de fortalecer el marco legal para enfrentar el cibercrimen.

Todas estas medidas responden a nuestro propósito de que este sea un país seguro para las personas y también para los negocios.

En paralelo a estos esfuerzos, no podemos dejar de lado las estrategias en marcha para garantizar la resiliencia de nuestras estructuras críticas frente a fenómenos atmosféricos, al cambio climático y la vulnerabilidad sísmica.

Para lograr esto en instalaciones como escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y aeropuertos, entre otros, se han ejecutado proyectos y programas enfocados en evaluar su estado general y su “suficiencia”.

A partir de estas evaluaciones, se desarrollan programas de mantenimiento y adecuación.

Señoras y señores,

Este gobierno cree firmemente que la mejor estrategia para combatir la inseguridad es combatir sus causas, que son múltiples y, en buena parte, de origen socioeconómico.

La evidencia científica también respalda esta perspectiva. Un estudio de la Universidad de California mostraba que si invertimos un millón de dólares en endurecimiento de las penas, lograremos evitar alrededor de 50 delitos.

Sin embargo, ese mismo millón de dólares invertido en capacitación para los padres sobre la crianza de los niños, triplica los resultados.

Y, aún más, si se invierte en motivar a los jóvenes a que terminen la secundaria, los resultados se quintuplican. Es decir, conseguiríamos evitar alrededor de 250 crímenes.

No es casualidad que los países con mayores índices de desarrollo humano se encuentren también entre los más seguros del mundo.

Allá donde los ciudadanos cuentan con un sistema de protección social largamente establecido, con estabilidad económica y condiciones de vida dignas, el crimen, la violencia y la conflictividad social se reducen drásticamente.

Por contraposición, las sociedades donde las diferencias socioeconómicas son más pronunciadas, suelen tener índices de delincuencia más elevados.

Y las áreas donde las familias viven más hacinadas son más proclives a los conflictos entre vecinos.

Esa es, en el fondo, la gran diferencia entre las cifras de criminalidad de los países del hemisferio norte y los del hemisferio sur.

Y ese es, también, el gran cambio de país en el que estamos trabajando, por supuesto, con el apoyo de las fuerzas productivas del país, de las que ustedes forman parte.

Por eso, al tiempo que trabajamos para mejorar el clima de negocios en el país, para eliminar obstáculos a la productividad y abrir espacios a los emprendedores, apostamos firmemente por políticas sociales destinadas a reducir brechas, a abrir puertas y a construir capital humano y tejido social.

Con este objetivo, desde el 2012 estamos implementando acciones para combatir de frente la pobreza y la inequidad social. Les daré solo algunos ejemplos.

– En 2012 teníamos alrededor de 2 millones 300 mil personas en el régimen subsidiado de la Seguridad Social, y al día de hoy los beneficiarios son más de 3 millones 600 mil.

– Desde la creación de Banca Solidaria, en 2012, se han otorgado créditos a más de 607,000 personas para emprender o mejorar sus negocios.

– El Banco Agrícola ha beneficiado a 377,494 pequeños y medianos productores.

-El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), por su parte, ha beneficiado a otros 59,896 productores.

– A través de las 252 Visitas Sorpresa del presidente se han generado más de 200,000 empleos directos e indirectos y se ha beneficiado a más de 800 cooperativas y asociaciones que suman más de 100,000 integrantes.

– De los programas Progresando con Solidaridad, entre 2012 y 2018, cada mes 882,501 familias recibieron alimentación básica con “Comer es Primero” y otros programas especializados.

– En tanda extendida hoy tenemos 1,262,000 estudiantes, prácticamente el 70% de la población estudiantil del país.

Y debo recordarles que esas familias no tienen que hacer gastos de alimentación de sus hijos, además de que las madres disponen de más tiempo para desarrollarse, ya sea estudiando o trabajando.

– Desde el año 2012 hasta el 2018 se otorgaron más de 93,000 becas nacionales y más de 13,000 internacionales.

– Más de 62,300 estudiantes ya cuentan con dispositivos electrónicos y 3,000 docentes tienen laptops y están capacitados para usarlas al impartir sus clases.

– Más de 333,000 estudiantes se encuentran en la actualidad cursando programas de ciencia, tecnología y robótica.

– Desde el 2013 a la fecha han sido alfabetizadas 626,943 personas por el programa Quisqueya Aprende Contigo.

– Más de 127,800 niñas y niños han sido beneficiados de manera directa o indirecta en los centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que lleva la Primera Dama.

Señoras y señores,

Puedo decirles que estos programas, junto con la economía pujante de los últimos años, han ayudado a la reducción de la pobreza general de un 39.7% en 2012 a un 22.8% en 2018.

Y la pobreza extrema ha descendido de 9.9% en 2012 a 2.9% en 2018.

En resumen, estamos contribuyendo a hacer de nuestro país una sociedad más desarrollada, para cumplir nuestro objetivo de estar cada vez más cerca de los países que encabezan los índices de desarrollo humano y también de seguridad ciudadana.

Pero puedo decirles que en el gobierno también estamos conscientes de que tenemos mucho por hacer, que nos quedan muchos retos.

Como seguir ampliando los programas de protección e inclusión social, para seguir reduciendo la pobreza y la desigualdad.

Como seguir expandiendo el 9-1-1 a todo el país y darle sostenibilidad para que perdure y llevar mayor seguridad a más ciudadanos.

Como continuar los programas de profesionalización de los agentes policiales y personal castrense y la dotación de tecnología y equipos modernos a los cuerpos de seguridad, para seguir mejorando la protección de nuestras vidas y bienes.

Como mantener el combate contra el narcotráfico, sin tregua, cerrando las puertas al ingreso y abatiendo las redes internas.

Como mantener la atención permanente a nuestras fronteras, terrestres, marítimas y aéreas, para hacerlas cada día más invulnerables.

Como incrementar la defensa del ciberespacio, para que nuestra información y transacciones estén resguardadas.

El fortalecimiento continuo de nuestras instituciones que velan por la seguridad debe ser un empeño de todos y todas, para lograr que actúen conforme a planes y programas sostenibles en el tiempo.

Les garantizo que desde el gobierno seguiremos trabajando en pro de la seguridad y protección de la ciudadanía, pero necesitamos también la incorporación de toda la sociedad en la prevención y la denuncia del crimen.

En ese sentido, otro reto importante es seguir avanzando hacia un modelo de participación comunitaria, coordinado por las autoridades policiales, que permita promover una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, la pluralidad y la tolerancia.

Porque la participación de los vecinos en esta estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia es fundamental para fortalecer la credibilidad y sostenibilidad de las políticas públicas.

Amigas y amigos,

Los invito a que nos detengamos un momento a reflexionar y a abrir nuevos caminos, para seguir trabajando juntos.

Porque solo si miramos más allá de la inmediatez tendremos la perspectiva necesaria para tomar decisiones correctas.

De esta forma, si nos paramos a analizar las cosas en un marco un poco más amplio… Un marco de 8 o 10 años, que es lo que suelen manejar ustedes en la planificación de sus negocios… Entonces, descubrimos otra realidad.

Descubrimos que tenemos una enorme oportunidad ante nosotros y que este país tiene una buena historia que contarle al mundo.
La historia real de una economía que ha crecido, no solo en cifras macroeconómicas, sino también en igualdad y bienestar.

La historia real de una sociedad cada vez más organizada y más pacífica.

La historia real de un sector privado dinámico, consciente y capaz.

La historia real de un gobierno presente, responsable y transformador.

La historia real de un país que está cambiando, para bien y para siempre.

Y como todos queremos que este cambio continúe, los invitamos a seguir sumando esfuerzos, a seguir construyendo capital y progreso con solidaridad.

Defendamos todo lo que estamos logrando como país. Porque, efectivamente, es un logro colectivo.

Es un logro de nuestras instituciones, de nuestras empresas y de nuestras familias.

Sigamos construyendo juntos más seguridad y más institucionalidad en nuestro país.

Construyamos también más equidad e inclusión para todos los ciudadanos y ciudadanas.

¡Sigamos forjando esa Patria de la que podamos sentirnos orgullosos!

Sigamos apostando y trabajando por ¡una mejor República Dominicana!
Muchas gracias.

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